http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf
The International Federation for Human Rights (FIDH) published its report on the application of the Justice and Peace Act in Colombia. The report is the result of more than two years of work in conjunction with FIDH leagues in Colombia: the “José Alvear Restrepo” lawyers’ collective, ILSA, and the Permanent Committee for the Defense of Human Rights. It is also based on observation of the Justice and Peace hearings held from May to July 2007 at the Justice and Peace Tribunals in Bogotá, Medellín, and Barranquilla.
The Justice and Peace Act is in line with a broader legal framework that, according to the authorities, seeks to demobilize the paramilitary forces responsible for crimes against humanity, other serious violations of human rights, and war crimes.
Since they first appeared, the paramilitary structures have committed an average of 60,000 crimes against humanity and serious human rights violations. This figure does not include the more than one million persons displaced as a direct result of the strategy of terror, threats, and paramilitary action. Colombia ranks second in the world in terms of the number of forced displacements. In 2006, more than 219,000 people were displaced, and the number of registered families tops 380,000 [1]. From January to June 2007 alone, more than 770 civilians were murdered in Colombia or fell victim to forced disappearance. More than 80 mass graves have been discovered; in late 2006 the Office of the Prosecutor estimated that there were still more than 3,000 persons remaining to be found. It is believed, however, that this figure falls far short of reflecting the more than 30,000 forced disappearances that have been reported.
FIDH has submitted several communications to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court requesting that those guilty of serious crimes within its jurisdiction be investigated and tried. >From the outset, FIDH has warned that the Uribe Vélez administration should withdraw its declaration under Article 124 of the Rome Statute that it does not accept ICC jurisdiction over war crimes committed by all armed groups in Colombia.
To date, 92% of the 30,000 demobilized paramilitaries have benefited from a de facto amnesty declared by decree. Only 8% come under the Justice and Peace Act, which has been implemented by decrees that do not respect the Constitutional Court’s ruling that the act should be amended to avoid violating the victims’ rights to truth, justice and reparations. The paramilitaries who do fall under the Justice and Peace Act are tried at so-called “free version” hearings and may be sentenced to no more than eight years of imprisonment, which they may serve in “work farms.” They may even impose their own conditions for “imprisonment,” which flies in the face of the most basic principles of justice in view of the seriousness of the crimes committed.
This report reveals the lack of true willingness on the part of the government to bring to trial and dismantle the paramilitary groups. It concludes that the International Criminal Court should also act to investigate and try those guilty of crimes against humanity committed in Colombia since November 1, 2002.
The “free version” hearings have, indeed, become a forum for justifying crimes and paramilitarism. The paramilitaries are not forced to confess to their crimes, disclose the truth about who supported their structures, or even show repentance for their crimes. They have not been forced to turn in all of their weapons or hand over their assets to compensate the victims, while the latter and their representatives have very limited access to hearings and are hindered from participating in them.
What is more, those victims who have attended the “free version” hearings have not received adequate protection. Already, sixteen of them have been murdered with absolute impunity.
FIDH also calls on the U.S. and European authorities to make their trade agreements conditional on respect for human rights in Colombia, and on the Office of the Prosecutor of the ICC to open an investigation without further delay. Doing so could have a significant preventive effect.
FIDH concludes that this process has been set up for the purpose of removing the high paramilitary commands from the jurisdiction of the ICC. FIDH urges the Colombian administration to repeal the legal framework of the Justice and Peace Act or issue a legal framework that complies with international standards.
The report is available in spanish : http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf
[1] According to the International Committee of the Red Cross, 45,000 persons were displaced in 2005 and 67,000 in 2006. The figure is expected to near 72,000 in 2007 and to continue rising despite the supposed demobilization of the paramilitary groups, which continue to operate in different areas of Colombia.
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Colombiejustice481-32007.pdf
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publica hoy su informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Este informe es el resultado de más de dos años de trabajo, en colaboración con sus ligas en Colombia: el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ILSA y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y también se basa en la observación de las audiencias de Justicia y Paz que tuvieron lugar de mayo a julio de 2007 en los Tribunales de Justicia y Paz, en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
La Ley de Justicia y Paz se inscribe en un marco jurídico más amplio que tiene por objetivo – según las autoridades - el desmovilizar a los paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad, otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra.
Las estructuras paramilitares han cometido durante su existencia un promedio de 60.000 crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Sin contar el más de un millón de personas desplazadas que serían causa directa de las estrategias de terror, las amenazas y el accionar paramilitar. Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados. En el 2006, más de 219 000 personas han sido desplazadas, y el total es de más 380.000 familias registradas [1]. En Colombia, sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desaparición forzada. Más de 80 fosas comunes han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de 3.000 personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas.
La FIDH ha presentado varias comunicaciones a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investigue y juzgue a los responsables de crímenes graves de su jurisdicción. La FIDH, también advirtió desde un comienzo, que el Gobierno de Uribe Vélez debería retirar su declaración, hecha bajo en el artículo 124 del Estatuto de Roma, que sustrae de la competencia de la CPI, los crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia.
Hoy en día, de los 30 000 paramilitares desmovilizados, el 92% benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Sólo un 8% recae bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que estimó que la misma tenía que adaptarse para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los paramilitares que recaen bajo la Ley de Justicia y Paz están juzgados en audiencias denominadas « versiones libres », y pueden ser condenados a una pena máxima de 8 años, que pueden purgar en « granjas productivas », o imponiendo ellos sus condiciones de « reclusión » lo cual es contrario a los más elementales principios de justicia frente a la gravedad de los crímenes cometidos.
En este informe, se demuestra la falta de voluntad real del Estado de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares y se concluye, que de manera supletoria la Corte Penal Internacional debe actuar para investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1ro de noviembre de 2002.
Efectivamente, las versiones libres se han convertido en apología del delito y del paramilitarismo. Los paramilitares no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes apoyaron sus estructuras, ni a mostrar siquiera arrepentimiento por sus crímenes, ni han sido obligados a entregar todas sus armas de guerra, ni tampoco a entregar sus bienes para reparar a las víctimas, mientras que éstas y sus representantes tienen un acceso muy limitado a las audiencias, se ven imponer obstáculos en su participación en las audiencias.
Además, las víctimas que han asistido a las audiencias de versión libre no han recibido adecuada protección. 16 de ellas ya han sido asesinadas en total impunidad.
La FIDH llama también a las autoridades estadounidenses y europeas para que condicionen sus acuerdos comerciales al respeto de los derechos humanos en Colombia y, a la Fiscalía de la CPI para que abra una investigación sin más demora, que podría cumplir un rol preventivo muy importante
La FIDH concluye que dicho proceso ha sido armado con el ánimo de sustraer los altos mandos del paramilitarismo a la jurisdicción de la CPI. La FIDH urge al gobierno colombiano a que abrogue el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir un marco legal que cumpla con los estándares internacionales.
Ver también la declaración de Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH, en la rueda de prensa en Bogotá del 4 de octubre de 2007.
[1] Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia se desplazaron 45.000 personas en el 2005, 67.000 en el 2006 y se calcula que se llegará a cerca de 72.000 en el 2007, fenómeno que sigue en aumento a pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando en las diferentes regiones del país
"La autocensura es la única estrategia de seguridad de los periodistas en Buenaventura. Pese al despliegue de seguridad, las garantías para que ejerzamos el periodismo no existen”. Con estas palabras, un periodista del puerto describió las condiciones en que trabajan los comunicadores.
La FLIP visitó Buenaventura y Cali y constató la difícil situación que vive la prensa en esta región del país: cercada por la guerra entre grupos armados y la corrupción sin cuartel.
Descargue el informe http://www.flip.org.co/documentos/249-informe_buenaventura.doc
http://hrw.org/english/docs/2007/07/25/colomb16475.htm
(Washington, DC, July 25, 2007)—Guerrillas’ use of antipersonnel landmines is having a devastating impact on civilians in Colombia, Human Rights Watch said in a report released today. New reported casualties have escalated dramatically in recent years, due largely to increased use of landmines by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) guerrillas.
" By using antipersonnel landmines, the FARC are leaving Colombian civilians who have no part in the conflict maimed, blind, deaf or dead. There is simply no excuse for using these indiscriminate weapons. "
José Miguel Vivanco, Americas director for Human Rights Watch
Antipersonnel landmines are easy to manufacture from cheap, readily available materials. The FARC has invoked the low cost of building them as a justification for their use, calling the landmines the “weapon of the poor.” While the majority of landmine casualties are military, the mines are also injuring hundreds of Colombia’s poorest, most vulnerable citizens every year.
“By using antipersonnel landmines, the FARC are leaving Colombian civilians who have no part in the conflict maimed, blind, deaf or dead,” said José Miguel Vivanco, Americas director for Human Rights Watch. “There is simply no excuse for using these indiscriminate weapons.”
The 34–page report, “Maiming the People: Guerrilla Use of Antipersonnel Landmines and Other Indiscriminate Weapons in Colombia,” is accompanied by an extensive photo and audio slideshow in English and Spanish, and documents the impact on civilian survivors of guerrillas’ use of antipersonnel landmines in Colombia, as well as the difficulties that such survivors face in obtaining needed assistance from the government.
When they suffer a landmine injury, survivors’ whole lives are seriously affected. The incident not only causes physical effects, but also often impacts their mental health, their ability to support themselves and their families, and their ability to remain in their homes.
“I live dying,” said one farmer in his fifties who lost a leg and most of his eyesight when he stepped on a landmine in the state of Santander. “Now I live from handouts and from the food my children give me. … I’ve been sick for three years and, still, I don’t die.”
Human Rights Watch’s report also describes the FARC’s use of other weapons, such as gas cylinder bombs, in civilian areas. The bombs are impossible to aim accurately, and regularly hit civilian targets such as houses and churches, injuring or killing civilians.
The laws of war forbid the use of weapons, such as antipersonnel landmines, which have an indiscriminate impact. In addition, individuals and commanders of armed groups who intentionally direct attacks against civilians could be prosecuted for war crimes, or — if the attacks are part of a broader systematic attack against a civilian population — even crimes against humanity, under the Rome Statute of the International Criminal Court.
“If there is evidence that FARC commanders are intentionally directing attacks against civilian populations with these landmines or similar weapons, they could face prosecution by the ICC,” said Vivanco.
The report recounts a Human Rights Watch interview with Francisco Galán, a spokesman for the National Liberation Army (ELN) guerrillas, which also use antipersonnel mines. Galán, then in detention, stated that his group did not believe that the laws of war apply to them, and that instead a “creole” version of such laws should apply in Colombia.
The ELN has offered the Colombian government a temporary ceasefire in the context of peace negotiations. Presumably, the ceasefire would include a cessation in the use of antipersonnel landmines.
“The cessation of mine production and use should be unconditional and permanent,” said Vivanco. “The ELN should not be treating the rights of Colombia’s civilian population as a bargaining chip.”
While the guerrillas are the main users of antipersonnel landmines in Colombia, paramilitary groups have also been known to stockpile the weapons.
The Colombian government has banned the use of antipersonnel landmines under the terms of the 1997 Mine Ban Treaty, and its laws provide for medical, economic, and other benefits for landmine survivors. Colombia is also receiving substantial international aid, including from the European Union, for victim assistance and other mine–related initiatives. Nonetheless, the report explains, civilian survivors often lack adequate support.
Survivors, local officials and healthcare providers are often poorly informed about the benefits available to landmine survivors. In addition, the benefits can be difficult to access due to paperwork requirements, bureaucratic bottlenecks, and short deadlines for claiming them. Other survivors find that financial assistance, which is provided only in two lump–sum payments, ends up being inadequate to cover some of their basic needs.
Human Rights Watch urged the Colombian government to review and reform its victim assistance programs to address some of these problems.
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/informecol.html
El Equipo Nizkor hizo público el pasado 12 de junio de 2007 el documento "Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia", que tiene como subtítulo "Doctrina, jurisprudencia y normas de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para el sistema de justicia colombiano".
El documento doctrinal, de 266 páginas, se distribuyó especialmente a las instituciones judiciales y se entregó en forma personalizada a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, así como al presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y a otros operadores jurídicos especializados. También se distribuyó selectivamente a organizaciones especializadas en derecho internacional de los derehos humanos y a algunas organizaciones de derechos humanos...
El documento que presentamos tiene como finalidad dar una respuesta a un tipo de consulta que se nos ha realizado en varias oportunidades por quienes podríamos llamar operadores jurídicos en un sentido amplio. Es, por lo tanto, un análisis de la situación específica de los desmovilizados de las autodefensas y de las cuestiones derivadas de la aplicación de la denominada "Ley de Justicia y Paz".
Como consecuencia necesaria, este análisis afecta también a todos los responsables políticos respecto de los cuales se ha demostrado su participación, directa o indirecta, en lo que en la jurisprudencia internacional actual se conoce como "empresa criminal conjunta", expresión que reemplaza en la terminología a la de "organización criminal" en el sentido de las sentencias de Nuremberg...
El documento en cuestión no tiene como finalidad analizar jurídicamente las operaciones militares, ni las operaciones de fuerzas e individuos extranjeros en el territorio de Colombia ... de conformidad con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Tampoco se analiza la guerra civil en Colombia desde la óptica del derecho internacional, análisis jurídico que sería necesario a la hora de tratar la cuestión de las guerrillas...
El análisis que presentamos se adecúa al estado actual de la jurisprudencia en el derecho internacional, la cual, en los últimos años, ha tenido un avance decidido al reconocerse expresamente la figura de "crímenes contra la humanidad" en la jurisdicción ordinaria en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avances que se recogen en forma amplia en el informe... Desde este punto de vista, la finalidad del mismo es la socialización pública de la jurisprudencia aplicable y de la necesidad de comprender que la justicia es una condición necesaria de un sistema de derecho...
Esperamos en este sentido que este documento sirva a la necesaria socialización de la jurisprudencia y de la aplicación de lo que para muchos son las nuevas figuras de "crímenes contra la humanidad" y pueda ser utilizado, no sólo en los procedimientos jurídicos, sino en el necesario discurso de defensa y representación de las víctimas.
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230012007
En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.
A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.
No siempre es posible determinar la motivación subyacente a las amenazas de muerte y homicidios cometidos contra sindicalistas. En el contexto del largo conflicto armado interno de Colombia, a menudo se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales.
Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medias decisivas para garantizar su seguridad.
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230012007
Colombia is trade unionist danger zone
A plague of death threats and killings, a sham paramilitary demobilization process and almost total impunity - these are the perpetual battles facing trade unionists in Colombia. The country is one of the most dangerous places in the world to stand up for workers' rights.
A pattern of systematic attacks against trade unionists involved in labour disputes and campaigns against privatization is exposed in a new Amnesty International report.
Colombia's National Trade Union School documented 2,245 killings, 3,400 threats and 138 forced disappearances of trade unionists between January 1991 and December 2006.
Sixteen have died so far this year. Army-backed paramilitaries and the security forces are thought to be behind most of the attacks, despite the former's supposed demobilization. Guerrilla groups have also been responsible for threats and killings.
“Trade unionists across Colombia are being sent a clear message: don’t complain about your labour conditions or campaign to protect your rights because you will be silenced, at any cost,” said Susan Lee, Amnesty International's Americas Programme Director.
“By failing to adequately protect trade unionists, the Colombian authorities are sending a message that abuses against them can continue, while companies operating in Colombia risk being held accountable for human rights abuses for which, through their conduct, they may bear responsibility.”
The report lists human rights abuses against trade unionists -- and their relatives -- working in Colombia’s health, education, public services, agricultural, mining, oil, gas, energy and food sectors.
Trade unionists are human rights defenders. The Universal Declaration of Human Rights, article 23, clearly states that: "Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests."
Amnesty International is calling on companies working in Colombia to use their influence with the government to end and prevent human rights abuses against trade unionists.
“The attacks will continue unless effective measures are taken to end the impunity enjoyed by those killing and threatening them. This report is a wake-up call for any multinational company operating in an environment in which human rights are systematically violated. Inaction is no longer an option,” said Susan Lee.